¿PUEDE UN ADMINISTRADOR RESPONDER PENALMENTE POR NEGLIGENCIA? CLAVES PARA EMPRESAS EN COLOMBIA

MARCO PENAL: ACCIÓN, OMISIÓN Y “POSICIÓN DE GARANTE”

En Colombia la responsabilidad penal recae en personas naturales. La conducta punible puede ejecutarse por acción u omisión; quien tiene un deber jurídico de impedir un resultado y no actúa responde como si lo hubiera causado, esto es, bajo la figura de la posición de garante (art. 25 del Código Penal). 

La Sala Penal ha precisado que la omisión impropia (comisión por omisión) procede frente a delitos de resultado cuando el garante estaba obligado a evitar ese resultado y tenía capacidad real de impedirlo. 

¿LA “NEGLIGENCIA” CONFIGURA DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL?

No por sí sola. El delito de administración desleal (art. 250-B C.P.) exige abuso de funciones y disposición “fraudulenta” del patrimonio social con perjuicio económicamente evaluable; es un tipo doloso, orientado a castigar fraude y abuso, no la mera mala gestión. 

La Corte Suprema, en la SP3601-2021 (Rad. 53624), fijó bases dogmáticas del tipo y su diferencia con errores de administración sin engaño, reforzando que el Derecho penal sanciona conductas fraudulentas y abusivas.

¿CUÁNDO UNA NEGLIGENCIA PUEDE LLEVAR A RESPONSABILIDAD PENAL?

Hay escenarios en los que la culpa del administrador puede ser penalmente relevante, aun sin fraude, si existe un deber de garante y sobreviene un resultado típico evitable (p. ej., delitos de resultado en seguridad industrial, ambiente o salud pública, según el caso). La clave es demostrar: (i) deber jurídico de actuar, (ii) capacidad de evitar el resultado y (iii) nexo causal de la omisión con el daño.

LÍMITE ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL–SOCIETARIO

El Código de Comercio (art. 200) establece un régimen civil: los administradores responden solidaria e ilimitadamente por dolo o culpa frente a la sociedad, socios o terceros (presunción de culpa en supuestos típicos de incumplimiento o extralimitación). No es sanción penal, sino patrimonial. La Superintendencia de Sociedades lo reitera de forma constante. 

RIESGOS PRÁCTICOS QUE ACERCAN LO “NEGLIGENTE” A LO PENAL

• Ceguera deliberada ante señales de fraude: puede interpretarse como facilización dolosa o coautoría en administración desleal si hay aprovechamiento abusivo.

• Incumplir deberes de vigilancia que la ley, estatutos o cargos imponen (posición de garante): si de esa omisión se sigue un delito de resultado, puede nacer imputación por omisión impropia.

• Confusión de esferas: errores de negocio, pérdidas o decisiones desafortunadas, sin fraude, se tramitan por la vía civil (art. 200 C.Co.), no penal.

BUENAS PRÁCTICAS PARA MITIGAR EXPOSICIÓN PENAL

Diseñar y documentar controles internos, segregación de funciones, aprobaciones escalonadas y auditorías; mapear riesgos de integridad; implementar canales de denuncia y respuesta; y dejar trazabilidad de la debida diligencia del administrador. Estas medidas muestran cumplimiento del deber de cuidado y reducen la probabilidad de que una falla operativa se re-califique como ilícito penal. (La línea jurisprudencial y doctrinal reciente sobre administración desleal enfatiza el fraude/abuso como umbral penal).

• La negligencia simple del administrador no configura por sí misma administración desleal; ese delito exige dolo (fraude/abuso) y daño patrimonial.

• La negligencia sí puede tener consecuencias civiles (art. 200 C.Co.) y, en supuestos específicos, derivar en responsabilidad penal por omisión cuando el administrador, como garante, incumple un deber de impedir un resultado típico.

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