INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SAGRILAFT: RIESGOS, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

¿QUÉ ES SAGRILAFT Y QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTARLO?

El SAGRILAFT —Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva— fue establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y se hizo obligatorio desde el 31 de agosto de 2021.

Este sistema requiere que las empresas creen un programa personalizado, incluyendo políticas, procedimientos, capacitación, monitoreo y estructura organizacional, con el fin de prevenir y detectar operaciones ilícitas dentro de sus negocios.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Las empresas que incumplen con estas normativas enfrentan sanciones severas. En septiembre de 2024, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 83 millones de pesos a una compañía por comenzar a implementar el Sagrilaft apenas en diciembre de 2023, pese a que debía tenerlo desde agosto de 2021.

Se han impuesto otras sanciones por entre 600 y 650 millones de pesos por incumplimientos del SAGRILAFT, y cerca de 1.300 millones por fallas en el PTEE. El incumplimiento también puede derivar en la intervención o liquidación de la empresa.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS Y CAPACITACIÓN

El incumplimiento no solo se reprocha a la empresa; el Oficial de Cumplimiento también puede ser sancionado si no gestiona adecuadamente el sistema, no facilita la documentación requerida o no capacita al personal. En un caso real, se sancionó a un oficial por no tener acceso a matrices de riesgo ni cumplir con las expectativas de preparación, recayendo una multa significativa.

LECCIONES PARA LAS EMPRESAS

• La mera implementación formal de SAGRILAFT no basta: se requiere eficacia y ejercicios reales de detección y control.

• Las matrices de riesgo deben ser gestionadas internamente, no tercerizadas.

• Los programas de capacitación deben ser completos, evaluados y periódicos.

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• Representación ante la Superintendencia de Sociedades en casos de sanción o intervención.
• Auditorías periódicas de cumplimiento para asegurar efectividad y reducir riesgos regulatorios.