RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL EN COLOMBIA

La Ley 1116 de 2006, reglamentada por el Decreto 1038 de 2009, establece el régimen judicial de insolvencia empresarial para proteger el crédito, conservar la empresa como generadora de empleo y promover su recuperación mediante procesos de reorganización o liquidación judicial.

Quedan incluidas personas naturales comerciantes, sociedades y patrimonios autónomos vinculados a actividades empresariales, mientras se excluyen entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, servicios públicos o empresas estatales.

Tipos de procesos y efectos principales

• En la reorganización judicial, se busca preservar empresas viables mediante un acuerdo con acreedores, que suspende procesos ejecutivos de cobro, pagos coactivos y restitución de tenencia.

• Si no hay viabilidad, se activa la liquidación judicial, con venta ordenada del patrimonio y posible adjudicación de bienes a acreedores según graduació.

Cambios recientes: Ley 2445 de 2025

La reforma introduce mecanismos más accesibles para personas naturales y pequeños comerciantes, ya que, reduce el umbral mínimo de mora del 50 % al 30 % del pasivo para acceder al régimen, facilita acceso a personas con activos menores a 1.000 SMMLV y prohíbe represalias laborales por acogerse al proceso, así como también suspende automáticamente descuentos por libranza desde el inicio del proceso.

¿Cómo funciona el proceso?

El deudor debe presentar solicitud ante la Superintendencia de Sociedades o juez del concurso, incluyendo inventario de activos, listado de acreedores y propuesta de pago reorganizada.

Para personas naturales no comerciantes, el trámite puede adelantarse también ante cámaras de comercio o centros de conciliación, con audiencia de negociación que suspende embargos por un máximo de 60 días.

Suspensión de cobros y garantías

Desde la admisión, se suspenden embargos, desalojos, cobros coactivos y retracciones sobre bienes no gravados.

Confirmación de acuerdos

El plan de reorganización debe obtener el voto favorable de acreedores internos y externos, y luego ser aprobado judicialmente. En caso de incumplimiento, se procede a la liquidación judicial o adjudicación de bienes conforme a ley.

Beneficios principales del régimen

• Suspensión inmediata de embargos y procesos judiciales.

• Posibilidad de conservar activos esenciales para la operación del negocio.

• Negociación directa con acreedores sin necesidad de ir a juicios.

• Inclusión de personas naturales y microempresarios bajo requisitos reducidos desde Ley 2445 de 2025.

Recomendaciones estratégicas para empresarios

Para manejar correctamente un proceso de insolvencia es clave contar con asesoría especializada que incluya:

• Evaluación financiera y diagnóstico de insolvencia.

• Preparación de inventarios, propuesta de reorganización y lista de acreedores.

• Representación legal ante jueces o Superintendencia.

• Seguimiento en audiencias, adjudicación de bienes y cumplimiento del acuerdo.

En PACTIVA LEGAL – DERECHO COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN MEDELLÍN

Ofrecemos apoyo integral en temas como:

• Diagnóstico y presentación de insolvencia ante autoridades competentes.

• Elaboración de acuerdos de reorganización, inventario y graduación de créditos.

• Gestión de liquidación judicial o adjudicación de bienes si procede.

• Estrategias para preservar patrimonio y proteger empresa como unidad productiva.